Educación y estado de bienestar

La contribución inédita de la nueva reforma educativa a un estado de bienestar estriba en que, de aprobarse, reafirmará el poder del Estado como definidor, constructor y conductor de las instituciones.
11 Abril, 2019

Hay tres elementos fundamentales para construir un sólido estado de bienestar: un sistema de salud unificado, de cobertura general; una educación de calidad para todos, desde los primeros años de vida hasta la enseñanza universitaria, y; un ingreso ciudadano universal, que nace con transferencias focalizadas hasta lograr su máximo alcance.

Aunque es sensato plantear desde un inicio elementos de cada uno de ellos, tiene más sentido completarlos secuencialmente, en el orden descrito. Asegurado el cuidado de la salud de toda la población, se pueden ir acumulando niveles educativos donde la gratuidad esté garantizada, y luego llegar a un ingreso universal que libere a las personas de la incertidumbre de poder cubrir las necesidades más apremiantes.

Sorprendentemente, el presente gobierno ha decidido abordar la construcción de su versión de un estado de bienestar comenzando por el final. Ha comenzado planteando un mosaico, a veces inconexo, de transferencias de dinero que han dejado de estar enfocadas en las personas más pobres, pero que aún está lejos de conformar un ingreso ciudadano generalizado.

La actual administración federal ha extinguido el programa PROSPERA, el cual se enfocaba en la pobreza extrema, y está proporcionando dinero para pagar estancias infantiles, becas para todos los alumnos en distintos niveles educativos, apoyos monetarios para capacitación laboral y pensiones para adultos mayores.

La entrega de dinero de ninguna forma sustituye la provisión de servicios de salud oportunos y de calidad, difíciles o imposibles de ser ofrecidos por el mercado en las condiciones actuales. Con ello, relega lo elemental. Más aún, la propuesta de crear un Instituto de Salud para el Bienestar, para atender a aquellos que carecen de algún tipo de aseguramiento médico, abona a la dispersión del sistema de salud, pues preserva un tratamiento diferenciado de sus usuarios manteniendo la distinción entre los que cuentan con el IMSS, o instituciones similares, y quienes tienen Seguro Popular.

Paradójicamente, es con la contrarreforma educativa donde el nuevo gobierno puede avanzar notablemente en la construcción de un estado de bienestar, pues lo que comenzó con el propósito de revertir la evaluación con consecuencias de despido de los maestros, que permitía la Reforma Educativa de 2013, puede concluir en la reafirmación de la rectoría del Estado para conducir el sistema educativo cuidando su mejora continua.

Esto, si es que se logra vencer el desafío de la CNTE al Poder Legislativo, y al mismo presidente, y se aprueban los cambios constitucionales que ya han sido dictaminados en la Cámara de Diputados y que aguardan su votación en el pleno, para que prosigan su camino al Senado y a los congresos locales.

 

Paradójicamente, es con la contrarreforma educativa donde el nuevo gobierno puede avanzar notablemente en la construcción de un estado de bienestar

 

La reforma a la reforma plantea un modelo educativo quizás elemental, que gira en torno a la idea de excelencia, un superlativo de calidad educativa para evitar abordar ésta última explícitamente, y a la inclusión, un modesto concepto para abarcar el crucial asunto de la desigualdad de oportunidades educativas que rebasa lo meramente escolar. Pese a esta simplicidad, la nueva reforma pone en su centro el derecho de los niños, niñas y jóvenes a aprender.

Quizás más importante, el proyecto de cambios a la Constitución da un especial énfasis a la evaluación y a la competencia entre los posibles maestros para el ingreso al sistema educativo, procurando que los que presentan un mejor desempeño en las pruebas respectivas sean colocados al frente de los alumnos en las aulas. Esto potencia el papel de los maestros en el proceso de aprendizaje y evita desde las prácticas extremas de herencia o venta de plazas, hasta las no tan drásticas, pero no por ello inocuas, de dar pase automático o empleo garantizado de normalistas.

Otros aspectos de la nueva reforma podrían fortalecer la calidad del sistema educativo, como un órgano evaluador plenamente autónomo en vez del que se plantea ahora, pero el compromiso alcanzado por el partido del presidente y la oposición es un buen balance entre posiciones que parecían irreconciliables. En él, posiblemente no hay grandes novedades, aunque el reconocimiento de la obligación del Estado de proporcionar educación inicial (antes de la preescolar) y educación superior gratuita, pueden resultar en grandes cambios.

La contribución inédita de esta nueva reforma a un estado de bienestar estriba en que, de aprobarse, reafirmará el poder del Estado como definidor, constructor y conductor de las instituciones más allá de los intereses particulares de un grupo. Una demostración así de autoridad democrática trasciende con mucho el reparto de billetes o el reetiquetado de beneficiarios del sistema de salud. No es más de lo mismo.

 

@equidistar

 

Rodolfo de la Torre Rodolfo de la Torre Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.