Ser desconocido: ¿Una desventaja para titular de la SHCP?

Que el nuevo secretario de Hacienda entienda la importancia de la complementariedad de la política fiscal y monetaria debería ser el requisito para el puesto, no su popularidad en los mercados.

Una regla de oro en las finanzas públicas es guardar su equilibrio. Si éste existe, los mercados estarán felices porque se garantiza en buena parte, junto con una adecuada y consistente política monetaria, que se cumplan los compromisos adquiridos por el Estado con sus acreedores -nacionales e internacionales-.

Como se sabe, la autonomía del Banco de México y su correcta actuación, garantizan una cierta proporción de la estabilidad macro; la otra parte, la otorga un manejo prudente de las finanzas públicas. La cuestión es ¿qué significa cada uno de estos conceptos? Permítaseme revisar muy brevemente las teorías detrás de estos conceptos.

La teoría monetaria tradicional argumenta que la inflación es un fenómeno puramente monetario y, por ello, la política fiscal no afecta la inflación. Este resultado asume mercados completos y que la “equivalencia ricardiana” prevalece, por lo que el déficit fiscal no afecta la demanda agregada en el tiempo. Así, dentro de esta hipótesis de dominancia monetaria -una política monetaria apropiada- que de manera creíble señalice una trayectoria inflacionaria aceptable, es suficiente para evitar presiones sobre los precios.

No obstante, el punto crítico de esta hipótesis es que, la política fiscal tiene que asegurar que la solvencia del sector público se mantenga para cualquier política monetaria (vía un necesario balance en el tiempo, i.e. existencia de “equivalencia ricardiana”).

 

El nuevo secretario de hacienda puede compararse con Ben Bernanke, quien salvó los mercados de la crisis de 2008 y era un desconocido que venía de la academia.

El nuevo secretario de hacienda puede compararse con Ben Bernanke, quien salvó a los mercados en la crisis de 2008 y era un desconocido que venía de la academia. 

 

La validez de esta visión ha sido fuertemente cuestionada y sostiene que la política fiscal no es irrelevante para el cuidado de la inflación. Así, la proposición de dominancia fiscal argumenta que la política fiscal tiene que ser apoyada por la autoridad monetaria, de manera tal, que la efectividad y credibilidad de la política monetaria no se vea comprometida por el tamaño de los desbalances fiscales (por ejemplo, políticas expansivas insostenibles o de dinámica perversa de endeudamiento).

En este escenario, el nivel de precios sí se determina por la política presupuestaria, y la autoridad monetaria es forzada para generar señoraje y a utilizar el impuesto inflacionario para mantener la solvencia.

Dicho de otra manera, la política fiscal puede afectar el nivel de precios aun cuando el banco central autónomo determine una política monetaria independiente de las variables fiscales, las que podrían ocurrir cuando el nivel de precios necesite ajustarse para mantener en balance la restricción inter-temporal presupuestaria del gobierno.

En este sentido, la teoría fiscal de los precios considera que al menos que se establezcan reglas adecuadas, que aseguren la sostenibilidad fiscal, la estabilidad de precios podría no conseguirse aún con la existencia de un banco central autónomo. Debe recordarse, que varios episodios de alta inflación asociados con regímenes de la dominancia fiscal ya han existido alrededor del mundo (es decir, la “equivalencia ricardiana” no necesariamente se da).

 

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Dado que esto último es posible (que no exista equivalencia ricardiana), la política pública debe imponer sea explicita o implícitamente reglas fiscales para mantener la estabilidad macroeconómica. Por tanto, los bancos centrales deben usar reglas monetarias que sean consistentes con la política fiscal existente. Esto claramente implica que la selección de la política fiscal es fundamental para lograr la estabilidad de precios.

La dominancia fiscal y el riesgo que conlleva para la inflación, se ha enfrentado por medio de la implementación de reglas fiscales que tienen como objetivo primario fortalecer la credibilidad de la política macro. Como ejempo está el pacto para la estabilidad y crecimiento de la Unión Europea. Otro ejemplo incluye a Chile cuando impuso una regla de balance estructural superavitario del 1% del PIB, mientras que Brasil, en su momento, adoptó una ley de responsabilidad fiscal que fijó un balance primario superavitario de 4% y reglas para evitar el sobre-endeudamiento.

México, estableció en una Ley de Responsabilidad Hacendaria reglas de balance estructural, que buscan alcanzar una trayectoria que logre sostenibilidad fiscal. Hasta el momento nuestro país se encuentra en medio de ese camino, incluso atravesando por episodios de vulnerabilidad, provenientes del manejo laxo de la política fiscal de la administración del presidente Peña, que se intentan corregir hacia el último año, acorde a la mencionada ley.

 

Al centro, Pedro Aspe, quien también fue el nuevo secretario de hacienda en 1988

Al centro: Exsecretario de Hacienda Pedro Aspe.

 

En cuanto a sostenibilidad fiscal, no hay un punto crítico generalizado de dónde debiera ubicarse el cociente de deuda a PIB, pues depende de muchos factores, desde políticos hasta de nivel de recaudación tributaria del país en cuestión.

El FMI hace años encontró que para las economías emergentes, un 50% de deuda con respecto a PIB era ya crítico; Roggoff y Reinhart más tarde respaldaron este punto crítico. En adición, hace años, un servidor encontró que ese nivel crítico para México se ubicaba entre el 30 y 35% de deuda como proporción del PIB[1]. Recuerde que México presenta hoy día el 50%. Claramente hubo un manejo laxo por parte de esta administración.

Y esto pasó con secretarios con alto prestigio en los mercados, mismos que hoy día reclaman a alguien con esta característica. Lo que quiero decir con esto, es que funcionarios “conocidos” por los mercados no garantizan prudencia fiscal.

El incremento del cociente de deuda a PIB entre 2012 y 2018 fue de 0.33 a 0.48, nivel por arriba de lo permitido para un país como México. Claramente el Banco de México atravesó con aprietos para lidiar con esta laxitud del ejecutivo, con funcionarios de hacienda con prestigio en los mercados.

Con la llegada de AMLO, ha comenzado una ola de encabezados en periódicos financieros que han insistido que al posible secretario de hacienda “no lo conocen los mercados”.

Bajo ese argumento Ben Bernanke, tal vez el salvador de la crisis financiera internacional del 2008, nunca hubiera estado en la posición que estuvo para lograr su hazaña. Era un académico, desconocido para los mercados, como él mismo lo reconoce en su fascinante libro de memorias. Ejemplos como este abundan en países desarrollados y emergentes (Mervyn King en Gran Bretaña, Stan Fischer en Israel, Rajan en la India, etc) y todos ellos han traído certidumbre y sapiencia al diseño de las políticas económicas.

Lo importante es que se comprometa a respetar las reglas fiscales mencionadas en este texto, y que adquiera credibilidad. El primer paso para ello ya se dio, puesto que el candidato ganador, AMLO, ha reiterado que respetará la autonomía de Banxico.

Como hemos argumentado, la complementariedad de ambas políticas -fiscal y monetaria- es importante. De esto tiene que estar consciente el nuevo secretario. Ese debiera ser el requisito y no tanto que sea conocido. Muy pronto, en la delimitación del primer paquete económico se mandará la segunda señal. Reitero, no debe preocuparnos de si es alguien conocido por los mercados o no; nos debe preocupar su trayectoria. Si viene de la academia ¡qué mejor! -Pedro Aspe, a quien los mercados adoran, venía de la academia-.

Más aún, siempre un nuevo secretario, fresco, competente y sin la inercia de los que llevan más de 20 años diseñando la política fiscal, debiera ser bienvenido, pues añadirá ideas nuevas. Es parte de la alternancia y si hay algo que México necesitaba, era la renovación de cuadros, con nuevas ideas, tal y como lo necesita... nuestra selección nacional.

 

[1] Hernandez, Fausto y A. Villagómez. La estructura de la deuda pública. Revista de Análisis Económico. Georgetown ILADES, Chile, 2002.