¿Se puede reasignar el gasto social?

Si el gasto social es hoy ineficiente, se debe más a las entidades subnacionales que a las federales (sin condonar al gobierno federal).

Permítaseme iniciar con una verdad de Perogrullo. Si el presupuesto público se pudiera reasignar fácilmente, entonces casi todas las promesas de los candidatos presidenciales se podrían cumplir en mayor o menor medida, sin la necesidad de nuevos impuestos.

Sin embargo, cerca del 90% del monto total del presupuesto federal está ex ante comprometido. La lista es grande, pero mencionaré, entre otros, algunos rubros que no pueden reasignarse, ni reducirse porque, por un lado, están asignados por ley, o por otro, porque son inerciales y enfrentan una oposición importante de grupos de poder.

Dentro de los primeros están los rubros de presupuesto para los otros dos poderes de la unión (legislativo y judicial), órganos autónomos (Instituto Nacional Electoral, Comisión de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Acceso a la Información, etc.). las participaciones federales a estados y municipios, así como la obligación del Estado de dotar educación gratuita universal, y salud a otros sectores.

Dentro de los segundos está el presupuesto para seguridad pública, programas sociales como el Prospera, o incluso el gasto en pensiones, entre muchos otros.

Cuando uno suma todos estos elementos, el resultado es que cualquier candidato que gane las elecciones enfrentará un margen muy reducido de asignación de gasto (menos del 10 por ciento del total). No digo que no se pueda modificar, lo que digo es que tendrá que haber una gran negociación política si se quiere hacer porque la resistencia será feroz (de aquí que la ocurrencia de presupuesto de base cero de Videgaray haya sido una ilusión muy inocente (Ver artículo en El Financiero).

 

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Desde mi perspectiva, el principal obstáculo para lograr un incremento en la calidad del gasto público y que de esta manera coadyuve al desarrollo de México, es el actual diseño de las relaciones financieras intergubernamentales.

En efecto, el día de hoy el 60% del gasto público lo ejercen las entidades federativas y municipales, es decir, 60 centavos de cada peso lo ejercen dichas entidades. Esto se da porque desde 1992, pero más prominentemente desde 1998 hubo una desconcentración del gasto hacia los gobiernos subnacionales.

Hoy éstos ejercen los recursos de la educación (aunque Peña cambió parte de esto), salud, seguridad pública, infraestructura social, entre otros rubros. Esto no es en sí un problema si se contaran con instituciones sólidas. Pero como no es el caso, las entidades subnacionales lo han ejercido de manera opaca, ocasionando una ineficiencia fenomenal en el gasto.

Solo por poner un ejemplo. Considere el gasto para programas sociales. El Coneval ha contado más de 6 mil programas sociales, de los cuales el gobierno federal solo (sic) administra poco más de 200. Esto es, los gobiernos subnacionales han introducido alrededor de 6 mil programas sociales, que van desde el salario rosa, hasta apoyos para desayunos infantiles (todos muy loables, pero duplicados y hasta triplicados).

 

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¿Cómo hacer más eficiente el gasto? Pues la receta se dice fácilmente. Revisar el gasto para evitar duplicidades (y triplicidades en algunos casos) y eliminar las ocurrencias de los políticos (en los tres órdenes de gobierno) no toma mucho tiempo. Lo que es difícil es que habrá una oposición importante por parte de las entidades federativas y municipales, las que defenderán sus programas clientelares “a muerte”.

Si el gasto social es hoy ineficiente, se debe más a las entidades subnacionales que a las federales (sin condonar al gobierno federal). En una investigación reciente [1] mostré que vis-a-vis el gobierno federal es más eficiente aplicando el gasto anti-pobreza que los gobiernos subnacionales. La principal razón es la debilidad institucional de las entidades federativas y municipales (más que la del federal, que ya es decir), sin olvidar el mal diseño del Sistema.

El reto del gobierno entrante es, pues, modificar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, asunto por demás complicado.

 

 

[1] Fausto Hernández Trillo (2016). “Poverty Alleviation in a Federation: The case of Mexico”. En World Development. Elsevier.