El delito de sindicalización

Salvo por algunas organizaciones excepcionales, el sindicalismo mexicano nunca ha sido ejemplar. Hoy, sin embargo, vive sus peores tiempos.

Nuestro modelo sindical siempre privilegió los intereses del gobierno y los de los actores afines a las políticas del momento, que en un tiempo favorecieron levemente a los trabajadores, pero que en los últimos treinta años se han ensañado con ellos. Incluso en aquel entonces, los pocos sindicatos independientes sufrieron los ataques de los gobiernos del PRI, que invariablemente apoyaron a sus agrupaciones parásitas, que han sido siempre las mayoritarias, pero no las más representativas.

En los buenos tiempos del sindicalismo oficial, muchos líderes ocupaban puestos políticos, en una alianza que fortalecía tanto al sindicato como al gobierno, incluso en contra de los intereses de los trabajadores, aunque también reclamaban mejores condiciones cuando las circunstancias eran propicias. Vendieron bien la idea de que el modelo era clave para la estabilidad económica y la paz social.

Los líderes amasaban fortunas, de las que disponían para satisfacer sus caprichos y para apoyar las campañas políticas, a menudo las de ellos mismos. Pero sus grandes riquezas, la ostentación y el mal gusto, dejaron una pésima impresión en la sociedad.

Paralelamente creció el negocio de los contratos colectivos de protección patronal, firmados a espaldas de los trabajadores y sin ningún beneficio para ellos, con el propósito de evitar la presencia de los escasos sindicatos realmente representativos, que presumiblemente incrementarán los costos laborales, pero también para evitar las amenazas de quienes utilizan la huelga como instrumento para extorsionar a los patrones. A fin de cuentas son los mismos personajes, que siguen gozando de la tolerancia de las autoridades.

Los permanentes sacrificios que los gobiernos del PRI y del PAN han recetado a los trabajadores durante tres décadas y la falta de liderazgos verdaderos, han menguado la fuerza de los sindicatos y como consecuencia natural de su debilitamiento, su oferta electoral es hoy prácticamente nula.

Los pocos sindicatos que se han atrevido a actuar por su cuenta, como los mineros y los electricistas, han sido fuertemente reprimidos por gobiernos que siguen creyendo que la mejor opción de una economía sana es la de mantener los salarios en los niveles más bajos posibles.

El ataque al sindicalismo ha encontrado también espacios en el ámbito legislativo, como en la reciente “reforma educativa”, en realidad una reforma laboral que resta fuerza al sindicato de los maestros, cuya lideresa anterior sufre hoy las consecuencias de haberse enfrentado al PRI. Destaca la participación del sector privado a través de una poderosa ONG, “Mexicanos Primero”, cuyo objetivo real no es otro que combatir al SNTE.

La Ley General del Servicio Profesional Docente llega al extremo de reconocer a los profesores como “los promotores, coordinadores, facilitadores, investigadores y agentes directos del proceso educativo”, pero suprime cualquier participación de sus sindicatos para negociar los reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas, en franca violación al derecho humano constitucional de asociación profesional.

La más reciente reforma energética se sumó también a esta estrategia, al sacar al Sindicato Petrolero del consejo de administración de PEMEX. Su participación minoritaria le permitía acceder a la información de la empresa, lo que en México es excepcional, cuando debiera ser la regla general.

La Suprema Corte también ha colaborado con una reciente sentencia de su Segunda Sala, en la que por mayoría de tres votos contra dos, determinó que los patrones pueden pedir a las juntas de conciliación y arbitraje la calificación de una huelga, suprimiendo en los hechos ese derecho fundamental, al cambiar la presión de la suspensión de las labores por una decisión jurisdiccional.

Los sindicatos se han ganado a pulso la mala imagen, pero los trabajadores no tienen la culpa. Debemos preguntarnos si no son contraproducentes estas políticas antisindicales, que ciertamente arrancan el aplauso fácil de una sociedad agraviada, pero que han convertido a un derecho humano universalmente reconocido en un delito, al confundir una práctica reprobable con una institución absolutamente necesaria.

Lo mejor sería abandonar en definitiva el modelo corporativo y promover un sindicalismo auténtico, con transparencia y rendición de cuentas de sus dirigentes, preferentemente en el ámbito de los sindicatos de industria, que sin duda es el que mejores resultados produce, no sólo a los trabajadores, sino también a las empresas. Nada vemos, sin embargo, que denote ese propósito, por lo que nuestros mejores deseos se reducen a creer que el Estado podría sacar las manos de los pocos sindicatos verdaderamente representativos y permitirles cumplir sus legítimas funciones. Después de todo, mucho ayuda el que no estorba.