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La guerra en contra del crimen organizado y la violencia no está en las calles con el Ejército, está en los escritorios de gobierno como el de Palacio
5 Enero, 2018

Dinero y armas son formidables herramientas de trabajo para la delincuencia organizada.

El dinero financia operaciones, compra voluntades, armamento y tecnología. Las armas sirven para doblegar al enemigo, enfrentar a la autoridad y causar miedo en la población.

En declaración reciente, José Antonio Meade dijo: “Los estudios que tenemos acreditan que la presencia de armas exacerba el reto de violencia; con inteligencia, tenemos que acabar con el dinero de los cárteles.” No podemos estar más de acuerdo.

A menor delincuencia organizada mayor seguridad pública. Para lograr esta fórmula, las acciones no están en las calles necesariamente. Me explico.

Si sabemos que el 80% de las armas provienen de los Estados Unidos, nuestras aduanas serían estratégicas para evitar su introducción. Desgraciadamente, hace años que están tomadas por la delincuencia organizada.

Recuperarlas implicaría afectar intereses en ambos lados de la frontera. Del lado mexicano, el contrabando de todo tipo de bienes ha sido fomentado por gobiernos estatales y federales desde tiempos revolucionarios. Empresarios y políticos han amasado inmensas fortunas. Del otro lado, poseer armas es un derecho fundamental que ha desarrollado una industria multimillonaria, (Segunda Enmienda Constitucional).

 

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Cortar el suministro de armas a nuestro país, significaría reducir el poder de fuego en las calles, teniendo los cárteles que huir a las montañas, como era antes. 

Al mismo tiempo, el delincuente común que generalmente utiliza armas de fuego para robar y matar, se vería inhibido. El robo a casa habitación, a transeúnte o en transporte público disminuiría, lo mismo que el homicidio doloso. Sin un arma, muchos adolescentes que hoy delinquen no asustarían a nadie.

Por lo que hace al lavado de dinero la problemática es mayor. No existen precedentes judiciales relevantes que hayan desarticulado estructuras y decomisado dinero.

Conservadoramente, el lavado en México es de no menos de 10,000 millones de dólares al año. ¿Cuanto le gusta a usted que debiera ser decomisado? ¿Un veinte por ciento?

 

La inseguridad pública que vive México, se debe a la corrupción de los grupos de poder.

 

Dos mil millones de dólares a pesos de 19 por uno, son $38,000’000,000.00 de pesos, por año, los que debieran sacarse del mercado.

Sabemos por otra parte, que las estructuras financieras del hampa se encuentran mezcladas con actividades lícitas, empresariales, industriales, bancarias, políticas, etc.

 

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Si el SAT, la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria han sido ineficientes, es debido a la falta de voluntad política que los respalde, ya por miedo, ya por corrupción.

Impedir la entrada de armas y hacer grandes aseguramientos de dinero, son acciones que parecen pocas para el problema, pero formidables y contundentes contra la delincuencia.

La inseguridad pública que vive el país, es en realidad efecto de algo mucho mayor atrás, la corrupción de grupos de poder que ni siquiera conocemos.

La guerra no está en las calles con el Ejército, está en los escritorios de gobierno como el de Palacio. Un Presidente ahí sentado sí haría la diferencia, honesto y con los pantalones bien fajados.

 

Twitter: @borozco16

Benjamín Orozco Manjarrez Benjamín Orozco Manjarrez Abogado especialista en Delitos Fiscales y Financieros. Fue Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República, anteriormente como responsable del área penal del SAT. Abogado postulante (socio fundador) de DDE, defensa de delitos económicos.