El robo del bienestar en México

La corrupción y la impunidad permitieron construir un huachicoleo sistémico tanto del bienestar de los mexicanos, como del desarrollo productivo de la nación.
27 Enero, 2019

El combate al robo de combustible, el famoso huachicoleo, se convirtió en una de las prioridades de las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo en sus primeros 50 días de gobierno.

Desde su punto de vista, el huachicoleo reúne varias de las características que han generado la descomposición del sistema económico, social y político de México: corrupción, criminalidad, permisividad de las instituciones, pobreza y marginación confluyen en esta actividad que causa un daño a las finanzas públicas, de acuerdo con cifras oficiales, por más de 3 mil millones de dólares.

En consecuencia, el presidente López Obrador decidió emprender lo que se ha llamado una “guerra” contra el robo de combustible. 

Si bien la magnitud del daño causado por el huachicoleo es significativa, la actual precariedad de la situación socioeconómica de México permite estimar que solamente representa la punta del iceberg. Las estadísticas son contundentes.

En primera instancia se tiene a la parte institucional. De acuerdo con indicadores internacionales, como el de competitividad del Foro Económico Mundial, la mala calidad de las instituciones públicas y de su gestión representa el mayor rezago que enfrenta el país en la materia: se encuentra más cerca de naciones africanas azotadas por guerras o crisis humanitarias que de los países desarrollados.

Algo similar transmiten las estadísticas del Transparencia Internacional. Durante 2017 México ocupó el lugar 135 en su Índice Global de Corrupción.

Respecto a la calidad de la gestión pública La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 publicada por el INEGI muestra que los niveles de satisfacción de los mexicanos en aspectos básicos procurados por el sector público son bajos: “las calles y avenidas, la policía y el alumbrado público, obtuvieron un nivel de satisfacción de 23.7%, 23.8% y 35.9%, respectivamente”.

“Para el servicio de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la satisfacción fue de 44.4% y, respecto al transporte público masivo automotor, fue de 31.3 por ciento”.

“Durante 2017, la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos. Sin embargo, el porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017. La inseguridad y delincuencia se mantuvo como el principal problema que preocupa a la población con 73.7%, superior al 66.4% estimado en 2015”.

Bajo dicho contexto puede afirmarse que la corrupción y la baja eficacia del sector público son parte, lamentablemente, sistémica de la vida diaria de la población.

 

La corrupción y la baja eficacia del sector público son parte, lamentablemente, sistémica de la vida diaria de la población

 

Lo paradójico es que ello ocurre a pesar del gasto millonario, y creciente, que el presupuesto público destina a muchos de los rubros citados: de los 4 billones de pesos de gasto programable, más del 60% está orientado al Desarrollo Social, cerca del 29% al Desarrollo Económico, el resto a Gobierno (unos 300 mil millones de pesos). Todo ese recurso alcanza para estar en el lugar 135 del Índice Global de Corrupción.

Existe otro elemento a considerar: si la óptica del presidente López Obrador es correcta, el huachicoleo existe más allá del robo de combustible, también subyace en torno a la distribución de energía eléctrica, a la compra de medicinas por parte del sector público, a la gestión de obra pública e inversión en infraestructura y en las compras de gobierno en general.

De acuerdo a sus estimaciones de campaña, el daño al patrimonio de la nación causado por la corrupción supera los 500 mil millones de pesos, una cifra claramente superior a lo calculado por el robo a combustibles.

¿Cuánto de esto representa una merma en el bienestar de los mexicanos? Tan solo en la parte de medicinas, la construcción y mantenimiento de hospitales, edificación de escuelas, calidad educativa y distribución de energía eléctrica se tienen aspectos básicos que afectan a toda la sociedad, pero que son particularmente más severas con la más pobre.

Todos tienen un común denominador: el sector público se ha quedado rezagado, no ha evolucionado hacia patrones de eficacia, transparencia, ética y sensibilidad social que permitan el correcto desarrollo económico y social de México.

La corrupción y la impunidad permitieron construir este huachicoleo sistémico tanto del bienestar de los mexicanos y como del desarrollo productivo de la nación. Por su dimensión será un reto complejo de abatir. El combate al robo de combustible solo representa el primer escollo a superar, el resto representa revertir la tendencia de precarización de la convivencia social en México.

 

@jldg71

José Luis de la Cruz José Luis de la Cruz Es Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ha realizado estancias de investigación en la Kennedy School of Government de la U. de Harvard y en el Instituto Lawrence Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios y del Departamento de Economía y Finanzas en el Tec de Monterrey. Autor de libros y conferencista regular. Es Maestro en Economía por el Colegio de México y Doctor en Administración por el Tec de Monterrey.