El Fondo de Infraestructura para Mesoamérica y el Caribe ahora tiene objetivo migratorio

El Fondo, y el manejo de sus recursos de casi 3 mil millones de pesos, ahora estará controlado por la Secretaría de Relaciones exteriores y ya no por la Secretaría de Hacienda.
25 Junio, 2019
Blog Invitado

* Por Marco Antonio Pérez Valtier

Ya “salió el peine” del verdadero objetivo del “Donativo” de 30 millones de dólares a El Salvador.

El pasado lunes 24 de esta semana, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al Decreto del 6 de Diciembre de 2011, mediante el cual se estableció la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, mismo Decreto que creó el Fideicomiso denominado Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, mecanismo financiero de apoyo para mejorar la infraestructura y contribuir al desarrollo económico y social de estas regiones.

Con esta reforma, se adicionan a los Objetivos de dicho programa de apoyo a Mesoamérica y el Caribe, el “Equipamiento de instalaciones y albergues, y el desarrollo de sistemas de registro, control y seguimiento de sistemas de flujos migratorios” aspectos totalmente ajenos a los objetivos de apoyo económico y de desarrollo de infraestructura productiva que originalmente tuvo esta Estrategia de Cooperación Económica.

De hecho, en la reforma al Artículo Cuarto del referido Decreto de 2011, se establece que ahora serán elegibles para apoyo económico, estos nuevos programas de equipamiento de albergues y los sistemas de registro y control migratorio, legalizando con este Decreto el uso de estos fondos para fines migratorios que antes no eran legítimos. No obstante, ya habían sido utilizados para financiar un programa de prevención para la migración de menores no acompañados, según la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual forma parte del Comité Técnico de este Fideicomiso.

Queda claro, entonces, que estas acciones están enmarcadas y son consecuencia directa del “Acuerdo Migratorio” entre México y EUA, que desactivó la amenaza arancelaria del Presidente Trump, como parte de una estrategia más amplia para los objetivos ahora incluidos en el Fondo Yucatán, de controlar, registrar y dar seguimiento a los flujos de migrantes de manera ordenada, así como establecer albergues escalonados a lo largo de México, y no solo en la frontera norte, compromisos que obviamente requieren cuantiosos recursos económicos.

 

Es por esto que ahora el Fondo, y el manejo de sus recursos, (de casi $3 mil millones de pesos) estará controlado por la Secretaría de Relaciones exteriores y ya no por la Secretaría de Hacienda, la cual antes tenía 3 de 5 integrantes del Comité Técnico y lo presidía, pero ahora solo tendrá un representante, contra dos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien ahora controlará y presidirá el nuevo Comité Técnico.

Es decir, este Fondo de apoyo a la Infraestructura, de naturaleza exclusivamente “Financiera” (controlado por Hacienda) ahora amplía su Objeto para incluir aspectos “Migratorios”, y sin duda alguna, estando ahora controlado por Relaciones Exteriores, su fin preeminente habrá de ser Migratorio, y minimizará el objetivo de apoyo económico y de infraestructura para el desarrollo de Mesoamérica, el cual buscaba mejorar las condiciones económicas y de bienestar de los habitantes de estos Países, incluido los Estados del Sur-Sureste de México.

Este Fondo tiene como antecedentes el Pacto de San José de 1980, mediante el cual Venezuela y México apoyaban a los Países de Centroamérica y del Caribe con petróleo crudo a precios preferenciales, y ante la salida de Venezuela, se instrumentó desde el año 2001 el Plan Puebla Panamá (PPP), transformándose posteriormente, en 2011, en el ya referido “Proyecto de Integración de Mesoamérica”, zona geográfica con antecedentes culturales comunes que incluye a ocho Estados del Sur-Sureste de México, (Puebla, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y Yucatán) y a los Países Centroamericanos y del Caribe, excepto a Cuba.

Desde su constitución, el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, ha financiado 16 proyectos de inversión en 11 Países, básicamente de infraestructura carretera y de puentes, del corredor Pacífico, por donde circula más del 90 por ciento del comercio de la región, con una derrama de $129.7 millones de dólares, siendo precisamente El Salvador, el país más beneficiado, pero México no ha sido beneficiario de ningún proyecto con los recursos de este Fondo.

Como se mencionó, este Fondo se heredó de la administración pasada con disponibilidades al cierre del 2018  de $2,826.9 millones de pesos, los que ahora servirán para financiar el costo del acuerdo Migratorio con EUA, y no para apoyar las necesidades de los mexicanos más necesitados.

 

@marcopmx

* El autor es economista por la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Es socio-director en Econometría Aplicada SC y socio de Estudios Económicos y Financieros en Pérez Gongora y Asociados SC.