Hacia un nuevo paradigma de desarrollo económico indígena

Los pueblos indígenas tienen riquezas, inteligencia y sabiduría, han creado y desarrollado tecnologías que les permitieron transformar, sanar, vencer, comunicarse, migrar, enseñar, crear, fabricar sin depredar.

Desde la riqueza de su conocimiento ancestral, espiritualidad, redes familiares y patrimonio territorial, los pueblos indígenas pueden insertarse en las economías local, regional o incluso global mediante políticas públicas innovadoras y autonomía efectiva en la toma de decisiones.

Pete Dunn i2i

           

Tuve la fortuna de ser invitada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a impartir un taller en Panamá sobre telecomunicaciones indígenas y a participar en el Diálogo Regional de Pueblos Originarios.

La riqueza y diversidad de experiencias, conocimiento ancestral, lenguas, y nuevos hallazgos de académicos, hicieron que el encuentro fuese una verdadera incubadora de innovación, buenas prácticas, herramientas y posibles asociaciones.

Un reconocimiento a la Maestra en Antropología Carmiña Albertos de la División de Género y Diversidad del BID y a todo su equipo, por el compromiso, conocimiento y visión para apoyar el desarrollo económico y la preservación cultural y territorial de los pueblos originarios del continente americano desde su autonomía, sabiduría y patrimonio milenario.

Una médica mapuche en la Araucanía chilena, una emprendedora en medicina tradicional Wayuu en Colombia,  el cacique de Guna Yala en Panamá; una asociación civil mexicana, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC) que con capital y administración indígena instaló y opera redes comunitarias de telecomunicaciones móviles en comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero; una empresa forestal de San Juan Parangaricutiro, Michoacán; o bien el Centro de Investigación Tulo que en Chinook significa “ganancias”, que capacita a las primeras naciones de la costa oeste para que con innovación y educación resurjan como actores económicos autónomos, son tan solo algunos de los casos de éxito  recientes de emprendimientos productivos indígenas en América, dignos de considerarse seriamente por el flamante Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

El nuevo INPI, creado mediante ley publicada el pasado día 4 de diciembre1, con amplias facultades, una mejor gobernanza, y transversalidad en sus políticas, un Consejo Nacional Indígena plural con un voto en la Junta de Gobierno y un Director que debe ser indígena, hablar de preferencia una lengua indígena y ser conocedor de nuestros pueblos originarios y afromexicanos, es sin duda un buen arranque con un cúmulo de facultades, principios y gobernanza adecuados que podrían tener impacto positivo, si ello se acompaña con un presupuesto a la altura de sus mandatos y facultades.

En la Ley destaca un catálogo de principios que deben regir la agenda indigenista tales como la autonomía normativa, la autodeterminación, el respeto a los territorios indígenas, y sobre todo, la necesidad del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas para poder aprobar todo proyecto normativo o del poder Ejecutivo que impacte en el patrimonio territorial, cultural y natural de las comunidades indígenas.

Más allá del consentimiento, explicaban representantes del BID, los proyectos y obras que realmente detonan desarrollo son diseñados, implementados y administrados junto con los pueblos indígenas como co-autores.

Con Adelfo Regino Montes, abogado mixe, dedicado a los derechos indígenas y a la preservación de lenguas y cultura originarias, el INPI tiene futuro; es un hombre experto y comprometido con los pueblos originarios. Las expectativas puestas en él son grandes, no habrá de tolerar simulación ni permitir que otras entidades públicas o privadas manipulen al INPI para legitimar decisiones violatorias de los derechos y los territorios indígenas como en el pasado.

 

Con Adelfo Regino Montes, abogado mixe, dedicado a los derechos indígenas y a la preservación de lenguas y cultura originarias, el INPI tiene futuro; es un hombre experto y comprometido con los pueblos originarios. Las expectativas puestas en él son grandes

 

Pero apostar a que el INPI será todopoderoso y detonante central del desarrollo económico de los pueblos sería ingenuo y estéril pues eso ya se ha intentado en el pasado sin éxito. El desarrollo se logra desde la comunidad y con políticas públicas, prácticas y programas habilitantes que empoderan y capacitan. Ofrecer consumibles gratuitos y dádivas solo crea descalificación y co-dependencia, no riqueza ni empoderamiento. No es sostenible ni genera cambio transformador.

Los pueblos indígenas tienen riquezas, inteligencia y sabiduría, han creado y desarrollado tecnologías que les permitieron transformar, sanar, vencer, comunicarse, migrar, enseñar, crear, fabricar sin depredar. Desde esa riqueza y conocimiento es que podrán desarrollarse y vencer obstáculos para su sostenibilidad. Veamos algunos ejemplos en este video. 

Así que la primera tarea disruptiva que tendrán el INPI, los pueblos indígenas, sus organizaciones y representantes, los institutos indigenistas estatales, el Consejo Nacional Indígena y la Academia especializada, será adoptar y promover un nuevo paradigma de desarrollo: los pueblos y comunidades indígenas son capaces de convertirse en empresarios, usando sus territorios, sus recursos naturales y culturales, su conocimiento ancestral, sus instituciones normativas y su tecnología y, por lo mismo, son capaces de decidir sobre su futuro, sus bienes, su infraestructura y tomar riesgos como todo empresario.

No necesitan que papá gobierno les diga qué hacer, o que los consuele a cambio de ceder sus territorios o de caer en la trampa de la provocación para crear conflicto y división entre ellos con la ayuda de uno que otro agitador, autoridad local e incluso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ya extinta afortunadamente.

Los pueblos pueden desarrollar eco-turismo, agro-industria, silvicultura, constructoras, comercializadoras de arte indígena; empresas de herbolaria y otros productos orgánicos, transporte sustentable, energía limpia, telecomunicaciones, radio, televisión y cinematografía, escuelas de lenguas y literatura indígenas, etc.

Si el INPI y sus homólogos a nivel estatal logran hacer entender a los tres niveles de gobierno que la mejor “protección” es respetar en los hechos la autonomía y autodeterminación para decidir informadamente lo que quieren hacer y si quieren asociarse con algún agente privado o público o emprender por su cuenta, sería un enorme avance. Así lo establecen los instrumentos internacionales de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo y nuestro artículo 2º constitucional así que no es nada nuevo. Lo nuevo sería que lo respeten todos los entes no indígenas.

 

Si el INPI y sus homólogos a nivel estatal logran hacer entender a los tres niveles de gobierno que la mejor “protección” es respetar en los hechos la autonomía y autodeterminación para decidir informadamente lo que quieren hacer y si quieren asociarse con algún agente privado o público o emprender por su cuenta, sería un enorme avance.

 

En el Diálogo Regional pudimos escuchar tanto casos de éxito de emprendedores indígenas como el resultado de la investigación del reconocido académico Stephen Cornell de la Universidad de Harvard, especialista en los nativos norteamericanos y hoy director del Native Nations Institute en Arizona. Empezaré por los hallazgos de este último.

Cornell explicó que a partir de 1980 los estudiosos empezaron a percatarse de cambios en la estadística de desempleo, pobreza, mortalidad de la población nativa de Norteamérica. Las cifras revelaban crecimiento económico, menor desempleo en tribus antes en pobreza.  Se registraron casos como el de la empresa Red Lake de los indios Chippewa que compra pescados de los pescadores locales y los procesa y empaca; un campo de golf del pueblo Cochiti, una línea aérea West Wind Aviation, de las tribus del norte de Canadá, entre otros ejemplos.

El Harvard Project for American Indian Economic Development realizó investigación para identificar los factores detonantes de ese cambio profundo en la economía de estas tribus. En resumen, los hallazgos se centran en cuatro ejes:

1. Ejercicio efectivo y continuo de su derecho a la autodeterminación y autogobierno. Es decir, la comunidad toma las decisiones fundamentales, no el gobierno.

2. La comunidad solo apoya a las autoridades propias que demuestren capacidad y competencia para dirigir.

3. Sus instituciones de gobierno autónomo y sus estrategias de desarrollo reflejan y respetan los valores y creencias de la comunidad sobre cómo la autoridad debe organizarse y cómo deben ser usados o explotados sus recursos.

4. Uso de estrategias de largo plazo. Las decisiones deben permitir un desarrollo sostenible y se da por tanto prioridad a estrategias que propicien beneficios sostenidos en el tiempo.

Después de siglos de coartar esa autodeterminación, finalmente en 1975 el gobierno americano dejó de interferir con estos cuatro ejes y a propiciar este respeto en la vida diaria y cambió sus apoyos hacia la facilitación de capacitación, emprendimientos, educación para el desarrollo económico productivo.

En Australia y Nueva Zelanda, cambios similares han sido documentados y guiados incluso por el experto Pete Dunn, fundador de Indigenous to Indigenous (i2i) que procura insertar a los aborígenes de Australia, Nueva Zelanda y hoy incluso de América Latina en la economía regional y global.

Un cambio normativo que tuvo un impacto millonario en la economía de los aborígenes de Australia fue la incorporación de porcentajes obligatorios (desde el 2% hasta el 6%) de las compras y arrendamientos gubernamentales en favor de proveedores aborígenes, como empresas de construcción, de seguridad privada, de servicios turísticos, que ahora pueden vender al gobierno australiano.

Compiten entre sí estos proveedores, pero tienen esta cuota de acceso a los mercados de compras de gobierno como lo debieran también tener en México emprendimientos y proveedores indígenas que podrían vender productos y servicios de calidad a los gobiernos federal y locales que gastan billones de pesos en compras cada año. La misma política existe en Estados Unidos para promover las compras gubernamentales a empresas dirigidas o propiedad de mujeres como una medida muy exitosa de igualdad económica de género.

Si el INPI logra convencer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por cierto formará parte de la Junta de Gobierno del INPI, para que incluya esta política de compras gubernamentales de productos y servicios de empresas o emprendimientos indígenas en un porcentaje razonable y progresivo, la oferta de éstos aumentará naturalmente ante este incentivo de acción afirmativa. Esto aliviaría en alguna medida, el índice de población indígena en pobreza que según la CDI2 es del 71.9% y 28% en pobreza extrema, a pesar de su riqueza cultural, territorial y natural que no han podido convertirse en capital de trabajo como lo documentó, Hernando de Soto desde el siglo pasado.

 

Si el INPI logra convencer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por cierto formará parte de la Junta de Gobierno del INPI, para que incluya esta política de compras gubernamentales de productos y servicios de empresas o emprendimientos indígenas en un porcentaje razonable y progresivo, la oferta de éstos aumentará naturalmente ante este incentivo de acción afirmativa.

 

Dunn sostiene que es partiendo de esta riqueza cognitiva y de asumir decisiones y riesgos propios, que las comunidades aborígenes de Australia han triunfado. Claro, no sin una adecuada capacitación, adiestramiento que el gobierno sí ha financiado, como hoy en México se pretende capacitar a los jóvenes en emprendimientos digitales, comercio electrónico, gestión de negocios, o negocios sustentables, igual puede hacer programas para capacitar a la población indígena y afro-mexicana que según los datos intercensales de 2015 es de 12,025,947 personas, o sea el 10.1% de la población nacional.

Especial énfasis habrá de poner en la educación de niñas y mujeres indígenas doblemente marginadas. Ello permitiría un desarrollo económico indígena compatible con sus valores y cultura hoy realmente en riesgo de perderse. En 1930 el 15% de la población mexicana hablaba una lengua indígena, al año 2015 solamente el 6.6% la hablaba.3

En el encuentro regional del BID presentamos dos casos de éxito de pueblos indígenas de México. La que estas líneas escribe presentó representando a Rhizomatica4, el caso de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC) hoy titular de una concesión única de uso social indígena otorgada por el IFT, como uno de los grandes aciertos de la reforma constitucional del 2013 que permite a comunidades y pueblos indígenas acceder al espectro radioeléctrico de uso social y prestar servicios públicos sin fines de lucro en el área de la concesión, en el caso de TIC, en determinados municipios rurales de cinco entidades federativas5, localidades no atendidas por el mercado y subatendidos por programas de cobertura social que han resultado muy costosos a la SCT, y que no han demostrado ser sostenibles más allá de seis años.

Cada una de las 18 comunidades hoy socias de TIC han decidido el modelo de comunicación que quieren. Mediante sus procesos y normas de usos y costumbres ellos discuten el proyecto y votan sobre si quieren sumarse a la red de telefonía, o bien solicitar una concesión para radio sonora indígena, o ambas.

Ellos se organizan para reunir el capital inicial de la radio base celular, que no supera los $200,000; son capacitados los miembros de la comunidad para operar la red, hacer las altas y bajas de suscriptores, poder reparar en una laptop problemas menores y también decidir si además de las llamadas y mensajes de texto quieren utilizar servicios de proveedores de internet inalámbrico que usan espectro de uso libre (WISP) para hacer llamadas fuera de la red de TIC a sus familiares migrantes por ejemplo.

 

Cada una de las 18 comunidades hoy socias de TIC han decidido el modelo de comunicación que quieren. Mediante sus procesos y normas de usos y costumbres ellos discuten el proyecto y votan sobre si quieren sumarse a la red de telefonía, o bien solicitar una concesión para radio sonora indígena, o ambas.

 

He estado en algunas de estas comunidades de Oaxaca atestiguando el cambio, el empoderamiento que les da contar con su propia red y servicios de radiocomunicación para conocer los precios de los productos agrícolas que cultivan, pedir ayuda médica, comerciar productos con la comunidad contigua, para hablar con sus seres queridos sin tener que caminar varios kilómetros en la Mixteca alta; para llamar a Tlaxiaco o a Oaxaca capital y solicitar por enésima vez ayuda material para  reparar la escuela primaria en Santiago Nuyóo dañada hace cuatro años (esto no lo han logrado así que los niños estudian en la tierra ahí al aire libre porque ni el gobierno estatal ni el federal los escuchan. Solo necesitan los materiales, ellos saben construir.)

En Santa María Yaviche, en la Sierra Juárez, la comunidad decidió crear la primera licenciatura de desarrollo comunitario en español y zapoteco y profesores dedicados como Kiado y literatos voluntarios como Araceli Mancilla imparten clase y tallers por módulos semanales, para lo cual la telefonía e Internet les son indispensables.

Tan era impensable para el gobierno federal que los indígenas fueran dueños de su propia red celular, que al Congreso se le olvidó exentarlos del pago de derechos por el uso del espectro como sí exentó a las estaciones de radiodifusión comunitaria o indígena, y a pesar del acceso al espectro, la determinación del IFT de otorgar la primera concesión de telecomunicaciones móviles indígenas, el propio IFT casi pone en vías de extinción tan emblemático caso de éxito al fincarles un crédito fiscal por el uso del espectro de casi un millón de pesos, o sea el costo de cinco radio bases.

Luego de sendos amparos y revisiones de amparo, TIC libró bien la batalla ante el IFT pero el peligro para otras redes indígenas que esperamos surjan en México, continúa en la Ley Federal de Derechos hasta que no se derogue el precepto respectivo que hace nugatorios derechos fundamentales de los pueblos originarios si se intenta cobrarles esos derechos por el uso de espectro como si fuesen un operador comercial.

Me extiendo en este caso porque ejemplifica claramente el potencial de una empresa tecnológica sin fines de lucro pero sostenible y autogestiva que, también hay que decirlo, fue posible gracias al acceso que les otorgó la constitución mexicana al espectro y la actuación asertiva del IFT.

El siguiente gran reto, en el que el INPI podría tener un rol importante para iniciar un diálogo transversal, es asegurarse que redes de uso indígena puedan acceder a fibra óptica, a derechos de vía, para poder transportar su tráfico de esas alejadas poblaciones.

La falta de redes dorsales de fibra, de enlaces punto a punto para uso social indígena como red de soporte (backhaul) son una barrera al desarrollo. Incluso lo son para operadores comerciales medianos; cuánto más lo será para operadores comunitarios sin fines de lucro que no podrían pagar los precios de infraestructura y servicios mayoristas de Telmex que aunque regulados a costos incrementales, están diseñados para concesionarios comerciales, siendo por tanto inasequibles para una red local 2G como la de Santiago Nuyóo (clasificado en 2015 como municipio en extrema pobreza pero hoy con su propia red).

 

El siguiente gran reto, en el que el INPI podría tener un rol importante para iniciar un diálogo transversal, es asegurarse que redes de uso indígena puedan acceder a fibra óptica, a derechos de vía, para poder transportar su tráfico de esas alejadas poblaciones.

 

El brindar más accesos a bienes intermedios tales como puntos IXP para el intercambio de tráfico de datos en zonas alejadas, acceso a título secundario a espectro que hoy no es usado por los concesionarios comerciales que lo tienen en exclusiva pero no lo explotan ni lo comparten en zonas no rentables para ellos, son ejemplos de política pública y regulatoria realmente habilitante que genera desarrollo y seguramente costaría mucho menos que programas de cobertura universal que pretende ofrecer servicios finales desde la federación.

Internet gratis en carreteras, escuelas y centros de salud, sí es un insumo necesario para el desarrollo, pero el acceso inalámbrico individual en comunidades apartadas puede ser proveído por los pueblos mismos si se les da acceso a estos insumos esenciales lo cual les permite insertarse en la economía digital.

El segundo caso de éxito, presentado por Héctor Anguiano, ingeniero de la comunidad, con estudios en Uruapan y en el IPADE, es el de una empresa purépecha A.F. y Desarrollo Integral, de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.

De una región de casi absoluta devastación forestal, la comunidad se organizó bajo sus normas y creó un modelo vertical de recolección de semilla de tres especies de árboles maderables, reforestación, tala y fabricación de lambrines, duela y otros productos de madera. Recolectan 200 kilogramos de semilla por año y reforestan 400,000 plantas en 160 hectáreas. Producen 65,000 m3 de madera al año y están altamente capacitados incluso para la prevención de incendios. Han logrado financiamientos, alianzas y la comunidad recibe capacitación y empieza a insertarse en nuevos negocios como el cultivo de aguacate y agua de manantial embotellada.

Seguramente hay más casos de éxito de emprendedores indígenas dentro y fuera de México. Estas historias generan conocimiento, buenas prácticas, lecciones por aprender que es importante documentar y medir. En todas ellas hay un común denominador: las comunidades indígenas decidieron emprender bajo sus reglas, prioridades y valores y concentrándose en sus fortalezas no en sus debilidades.

Cuando el marco normativo abre el acceso a insumos indispensables y las políticas públicas facilitan la capacitación y eliminan barreras, estos emprendimientos indígenas se hacen realidad. Los bancos multilaterales de desarrollo también tienen un rol importante en promover y apoyar este nuevo paradigma de desarrollo autónomo y en no financiar proyectos gubernamentales que desplacen, degraden o impacten negativamente a los pueblos indígenas y su patrimonio natural y cultural.

 

@LabardiniA


[1] Ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545778&fecha=04/12/2018

[4] Rhizomatica proveyó la asistencia técnica y desarrolló software libre de fácil operación. Yo colaboro como consejera con esta ONG extranjera que estudia modelos tecnológicos y regulatorios favorables a las redes comunitarias propiedad de pueblos indígenas en todo el mundo. Redes, A.C. una asociación mexicana proveyó la edificación de capacidades diversas en las comunidades para que el proyecto tecnológico sea sostenible, respete los valores comunitarios y genere desarrollo y autonomía. TIC es la concesionaria, y es propiedad solamente de pueblos indígenas.

[5] Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Puebla