Gobierno y monopolio: Una historia de protección mutua

Trabajar y recorrer Oaxaca ilustra y reconforta con su riqueza y belleza natural y cultural, su diversidad étnica y lingüística.

Tristemente, la pobreza, falta de accesos y desigualdad brota en cada esquina y actividad de la entidad y es multifactorial, pero desde que uno aterriza en su ciudad capital hasta que pretende recorrer sus pueblos serranos o costeños, se enfrenta uno a terribles monopolios que laceran y encadenan a sus habitantes, a los turistas y emprendedores.

Todos estos monopolios tienen la protección, la concesión “real” del gobierno local, estatal o federal.

La única empresa de taxi desde el aeropuerto, un monopolio protegido, cobra 350 pesos hasta el centro de Oaxaca, un recorrido de 7.7 kilómetros, que, sin bloqueos, manifestaciones o accidentes, toma 17 minutos. Hay un servicio colectivo pero disponible como cada 6 horas, así que no es opción.

Ni soñar con servicios de transporte de plataformas digitales, por supuesto no existen, pues el gremio, respaldado por el gobierno, no lo autorizaría jamás, pues entonces se acabarían los privilegios de extraer rentas al pasajero y para el gobierno implicaría perder control, votos y contribuciones monetarias lícitas e ilícitas, del gremio.

Si quieres ser un consumidor rebelde y estás dispuesto a cruzar la carretera de día o noche, quizá te arriesgues a salir del perímetro aeroportuario y esperar ahí algún taxi amarillo o azul que te cobraría $230 por el mismo trayecto.

Algo similar experimentan los turistas para transportarse dentro de la hermosa ciudad de Oaxaca: taxis caros, escasos y en mal estado con conductores que en el camino van agrediendo o amenazando a los choferes del transporte colectivo que va a los pueblos cercanos o remotos pues podrían estar invadiendo alguna ruta urbana monopólica. Un trayecto de 2 o 3 kilómetros cuesta entre 80 y 120 pesos.

El transporte público urbano es prácticamente inexistente, bicicletas en alquiler ni soñarlo y los colectivos que van a comunidades cercanas y lejanas son una aventura. Si vas a Santa María Yaviche en la Sierra Norte, a 129 km de la capital, ello requiere de 4 a 5 horas (si no hay derrumbes en los caminos) y 3 o 4 autos colectivos sardina con 7 pasajeros y largas esperas.

Cuando ves que este estado de cosas está igual que hace 20 y 30 años y que la población oaxaqueña en buena medida vive en pobreza o extrema pobreza pagando servicios carísimos o teniendo que caminar tramos de 20 a 30 kilómetros diarios en los pueblos, la pregunta obligada es ¿Quién se beneficia de este régimen de monopolios? La respuesta es el monopolista y el gobierno que lo avala.

Bueno, la historia, una gran maestra, nos ilustra y si la consultáramos más a menudo y aprendiéramos de las lecciones del pasado, quizá no seguiríamos los patrones del que tanto daño han causado  a las sociedades en su conjunto.

¿Quién se beneficia de un régimen de monopolios como el de Oaxaca con una población que, en buena medida, vive en pobreza o extrema pobreza? La respuesta es el monopolista y el gobierno que lo avala

La transición de la sociedad feudal en Europa a la nación- estado fue todo menos tersa y libre de obstáculos pero rica en lecciones que en Europa sí asimilaron. Conforme la tenencia de la tierra en Inglaterra, por ejemplo, fue desconcentrándose de la aristocracia y los monasterios a quienes Enrique VII les confiscó sus propiedades y las vendió), nuevos pobladores de los burgos fueron haciéndose de tierras y aprendiendo a manejarlas eficientemente, mucho más que los aristócratas que derrochaban pero producían poco. Esto permitió a los nacientes reinos que ya dependían menos de la Iglesia y la aristocracia, gravar con impuestos a estos nuevos terratenientes, con el fin de financiar un ejército.

Tener el monopolio de la fuerza era la primera condición para formar un estado y defenderse tanto de rebeliones internas como de poderes externos siempre tratando de extender su dominio territorial. Pero los reyes sabían que si se excedían en las tasas impositivas o si pretendían expropiar tierras como las que el rey citado confiscó a los monjes, los dueños dejarían de producir, habría rebeliones y sería el fin del reino. Así, los reyes accedieron a limitar su poder en una constitución y respetar y proteger los derechos de propiedad privada y conformar un parlamento en el que hubiese representación de lores y comunes, de modo que ellos impedirían crear más gravámenes o impuestos o aumentar los ya existentes.

El problema es que hacia los siglos XVI y XVII las necesidades económicas del rey o reina en turno, para armar, entrenar y mantener su ejército crecían, las fuentes de capital eran limitadas, (el cobro de intereses-usura- estuvo prohibido muchos siglos por la Iglesia católica y ello agotó las fuentes de crédito) y elevar impuestos no era una opción pues el parlamento no lo aprobaría, así que en Inglaterra y Holanda por ejemplo, los reyes idearon otras fuentes de financiamiento que no dependían del parlamento y que se veían con buenos ojos en los gremios de artesanos y productores que iban floreciendo en los pueblos: el monopolio protegido. 

Fuese un oficio artesanal o un comercio, el rey limitaba mediante concesiones o cartas reales quiénes podían producir, cuánto y a qué tarifas. Los miembros del gremio agraciado con la carta real tenían que sujetarse al Libro de Tarifas, y cualquier intento por cobrar menos, producir más u ofrecer sus productos o servicios fuera de las reglas y extensión geográfica autorizadas, era denunciado por sus pares y sancionado. A cambio de esta protección, el rey recibía regalías, o sea un ingreso por la exclusividad monopólica concedida, ingreso que no requería de la bendición del parlamento.

Esto encareció escandalosamente los productos y servicios en detrimento de la población consumidora y productores independientes. El mercantilismo trasladó este esquema al comercio: todos tienen que procurar exportar sus productos finales, nadie puede importar ni consumir productos no locales, solo insumos inexistentes en un pueblo pueden ser importados: resultado bienes caros, escasos o inexistentes y el rey cobraba jugosas tarifas de importación o aranceles por insumos foráneos, no extranjeros solamente, sino insumos provenientes de otras provincias o regiones de la misma Inglaterra.

En la medida que productores y comerciantes lograron prescindir del gremio o agrupación de artesanos y producir u ofrecer sus bienes fuera de la demarcación del gremio y a mejores precios, el poder de los monopolios se redujo y la competencia pudo surgir gracias a que la capacidad del reino de vigilar que el Libro de tarifas se cumpliera, era muy baja. Además, el rey vio que era más conveniente gravar a todos los ciudadanos en forma proporcional y equitativa que a unos cuantos gremios y que limitar la producción y los precios quizá era contraproducente  e incontrolable.

En las colonias inglesas y españolas en América ocurrió lo mismo, pero ahí fue más difícil desmantelar los monopolios, alguno existentes hasta la fecha bajo regímenes diversos. En Cuba por ejemplo solo una compañía avalada por el rey de España podía comerciar con la isla y el monocultivo de caña también estaba protegido y en manos de terratenientes españoles o criollos.

El daño más grave que le hicieron a Cuba por ejemplo fueron los monopolios españoles que ordeñaron a la isla y la privaron de conocimientos técnicos, autonomía, de libre comercio y de diversificación económica, los americanos solo siguieron el modelo monopólico español de extracción de rentas, tan conveniente a los empresarios bendecidos con el favoritismo del rey o del mandamás en turno controlado por España o por Estados Unidos o por la dictadura actual que es un monopolista absoluto y sus recientes alianzas estratégicas ante el desabasto en aumento, son con empresas españolas que proveen casi todos los productos básicos, servicios e inversiones con algunas excepciones de inversiones canadienses. Pero de competencia, nada.

Así nació el capitalismo de cuates, como una alianza y protección mutua entre un monopolio y el rey, en detrimento de todos los demás productores, comerciantes y consumidores. ¿No es esto exactamente igual a lo que ocurre en Oaxaca y tantas otras entidades federativas o municipios caciquiles y monopolistas del México actual?

Los monopolios y cárteles locales o nacionales en México siempre tienen este ingrediente de protección o tolerancia del gobierno local, estatal o federal bajo el argumento de ser una industria “regulada” por tratarse de un servicio público o de un bien público escaso que el gobierno tiene que administrar mediante concesiones como título habilitante a cambio de alguna regalía, cuota, impuesto especial u otro beneficio al estado.

La primera enseñanza que me dejó leer al doctor Carlos Urzúa hace años: los sobreprecios generados por estructuras y empresas monopólicas son un impuesto a la pobreza

En realidad, estos bienes y servicios “públicos” acaban privatizados en manos del gobierno y el sindicato respectivo que controla y juntos -como socios- extraen rentas hasta comprometer su sostenibilidad por ineficiencias y corrupción que son las características esenciales de los monopolios como es el caso de Pemex o CFE. En otros casos, se trata de concesionarios privados con exclusividades locales como transportistas o gaseros, e igualmente que extrae rentas ante la falta de competencia, abusando de trabajadores, comunidades, consumidores y proveedores. 

Sea bajo el argumento ya añejo y raramente justificado del monopolio natural o bajo la tesis de que los servicios públicos y los bienes propiedad de la Nación (no del gobierno) requieren de una concesión o contrato o sea la carta real para explotarlos, en México nos encontramos con monopolios del gobierno o privados en numerosas de industrias; los más visibles del siglo XX son: petróleo, minerales preciosos o industriales, agua, el espacio aéreo o sea el éter lo cual dio cabida a dar concesiones oligopólicas a empresas de radio, televisión y telecomunicaciones sobre el espectro radioeléctrico argumentando escasez total cuando sí había capacidad espectral mayor.

Ferrocarriles, electricidad, correos, transporte público urbano y foráneo, taxis en aeropuertos y ciudades, carreteras, puentes, puertos todos concesionados en regímenes proteccionistas que propician la extracción de rentas, el contubernio entre gobiernos y concesionario; sólo echen un vistazo a la última Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que prevé prórrogas indefinidas al concesionario carretero, aumento de tarifas para financiar obra ajena a la carretera concesionada, y más componendas propias del siglo XVII para que el rey obtuviera más recursos a costa del bienestar general.

La regulación a las industrias poco competidas es un remedio parcial, ante la falta de competencia en un mercado en que un agente domina y extrae rentas, pero tiene sus limitantes y es mejor que ese agente se restrinja ante la amenaza de perder mercado en favor del rival.

Proteger o tolerar estructuras, comportamientos o esquemas monopólicos es verdaderamente criminal y suicida más aún en un país con altos niveles de pobreza y desigualdad. Esta fue la primera enseñanza que me dejó leer al doctor Carlos Urzúa hace años: los sobreprecios generados por estructuras y empresas monopólicas son un impuesto a la pobreza.

El Estado mexicano no debe avalar más regímenes de concesiones exclusivas, ni tolerar conductas ni estructuras monopólicas ni leyes ni regulación anti-competencia que protegen -como la ley carretera- el rentismo monopólico y el clientelismo.

@LabardiniA